El fuerte incremento de la población colonial
durante el siglo XVII creó nuevas necesidades y problemas que los monarcas
Habsburgos no pudieron resolver. La lentitud y la corrupción administrativa
caracterizaban la administración colonial. Las potencias rivales, Inglaterra y
Portugal, se expandían impunemente e inundaban Sudamérica con mercancías de
contrabando. A todo esto hay que añadir el excesivo poder que habían adquirido
la aristocracia criolla y el clero, quienes se atrevían a desafiar las
disposiciones reales que llegaban al Virreinato del Perú. Los reyes Borbones,
principalmente Felipe V y Carlos III, emprendieron la colosal tarea de
renovar la vieja estructura colonial que habían dejado los Habsburgos.
Apoyados por ministros y asesores ilustrados,
llevaron adelante las reconocidas Reformas Borbónicas, denominando
así al conjunto de grandes cambios económicos, políticos y administrativos para
la metrópoli y sus colonias, que impulsaron los reyes Borbones de España
durante el siglo XVIII. Estas reformas fueron iniciadas por Felipe V
(1700-1746), continuadas por Fernando VI (1746-1759) y desarrolladas
principalmente por Carlos III (1759-1788). Los objetivos fueron,
básicamente, recuperar la hegemonía comercial y militar de España, y explotar y
defender mejor los ingentes recursos coloniales. Los Borbones implementaron
nuevas unidades administrativas en América: crearon virreinatos, capitanías
(como Venezuela y Chile) y comandancias. En 1784 se suprimieron los
corregimientos y se implantó el sistema de intendencias, buscando mayor
eficiencia en los gobiernos locales. De esta manera se consiguió mejorar la
explotación de las riquezas coloniales y la recaudación tributaria. Los
Borbones hicieron grandes esfuerzos por contrarrestar la hegemonía comercial y
marítima de potencias rivales como Inglaterra y Holanda, prósperos países
impulsados por la Primera Revolución Industrial. El proyecto Borbón contempló
la renovación del sistema mercantil para que sus colonias sean proveedoras
eficientes de materias primas y consumidoras de las manufacturas españolas.
La Corona apoyó a la burguesía peninsular
favoreciendo la industria y protegiendo sus mercados. En este contexto se fue
liberalizando el comercio entre los puertos españoles y americanos, lo que se
consagró cuando Carlos III dio el decreto de Libre Comercio en 1778.
Esta política debía complementarse combatiendo el contrabando y mejorando la
recaudación fiscal a favor de la metrópoli española. Esto provocó fuertes tensiones
y guerras principalmente contra los poderosos ingleses y lusitanos.
Los conflictos contra los contrabandistas y
corsarios británicos, holandeses y portugueses hizo necesario un mayor
presupuesto para la armada, el ejército y las milicias. También se construyeron
poderosas fortalezas y murallas para defender los principales puertos y
ciudades de las colonias. El más importante ejemplo fue la construcción de los
castillos del “Real Felipe”, en el Callao. El reformismo borbónico privilegió a
los españoles europeos, “los chapetones”, en el acceso a los principales
puestos de confianza en el aparato burocrático. Esto fue un duro golpe para la
aristocracia criolla, pero el despotismo de los Borbones reprimió duramente
todo intento de resistencia. Una de las instituciones afectadas por este
despotismo ilustrado español fue la Iglesia Católica: la Corona pretendió
afirmar el poder secular sobre el religioso, esto incluía la restricción de los
privilegios y exoneraciones fiscales que gozaban las Órdenes Católicas. Fueron
los Jesuitas los que más se opusieron al proyecto centralizador de
los Borbones, es por ello que fueron expulsados de España y sus colonias
en 1767.

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